Juez falla contra el Pentágono por retaliación ilegal contra Anthropic

Un juez federal falló a favor de Anthropic en su reclamo contra el Departamento de Defensa (DoD) de Estados Unidos. La decisión establece que la designación de la empresa de IA como "riesgo en la cadena de suministro" fue una retaliación ilegal por su negativa a permitir que su tecnología Claude se use para vigilancia masiva de personas estadounidenses.

Según la sentencia, esta medida del Pentágono violó la Primera Enmienda al castigar el discurso protegido de la compañía. La Electronic Frontier Foundation (EFF), que presentó briefs de amicus curiae junto a otras organizaciones, celebró el fallo. Aunque el juez dejó abierta la pregunta más amplia sobre si las políticas de uso de una empresa constituyen en sí mismas expresión protegida.

El conflicto comenzó en febrero de 2026, cuando el gobierno amenazó con penalizar a Anthropic a menos que abandonara su postura. La empresa había fijado límites claros: no quería que su IA sirviera para vigilancia masiva de estadounidenses ni para armas autónomas. En respuesta, el DoD la etiquetó como riesgo de seguridad nacional, lo que equivale a una lista negra que impide su uso en proyectos gubernamentales y con contratistas.

Esta no es una defensa ciega de Anthropic. La compañía, como muchas otras en el sector de la inteligencia artificial, no es un ejemplo moral intachable y en el futuro podría permitir usos de sus herramientas que generen preocupación. Sin embargo, el principio es claro: el gobierno no puede castigar a una empresa por expresar preferencias sobre usos inconstitucionales de su tecnología.

Desde MamaLibre siempre defendemos que las decisiones sobre vigilancia no deberían resolverse en negociaciones cerradas entre militares y empresas tecnológicas. La EFF lo señaló con claridad: no queremos un sistema donde la privacidad de millones dependa de los caprichos de unas pocas corporaciones. El fallo reconoce el peligro de permitir que el Estado use acusaciones infundadas de riesgo de seguridad nacional para silenciar críticas.

El problema de fondo sigue sin resolverse. El Congreso de EE.UU. ha evitado legislar salvaguardas claras para la privacidad, dejando que sean las empresas privadas las que decidan cuándo cooperan o no con la vigilancia estatal. Esta dependencia es riesgosa tanto para los derechos individuales como para el control democrático.

En el contexto de las redes federadas y las tecnologías libres que cubrimos habitualmente, este caso refuerza la necesidad de reducir la dependencia de grandes actores corporativos. Cuando una sola empresa concentra poder tecnológico, su relación con el Estado puede determinar el nivel de vigilancia al que estamos expuestos. Alternativas descentralizadas, software libre y cifrado robusto siguen siendo las herramientas más confiables para proteger nuestra autonomía digital.

La EFF concluyó que es hora de que los legisladores asuman su responsabilidad. No deberíamos tener que confiar en que una empresa de IA ponga límites éticos al Pentágono. La protección de la privacidad debe ser una política pública, no un gesto voluntario de corporaciones.

Fuente: EFF