Por qué ocultar el código fuente de las elecciones no protege la democracia

El registrador nacional Alexander Vega, en declaraciones recogidas por Infobae, confirmó que el código fuente del software que se usará en las próximas elecciones colombianas no será entregado ni al presidente Gustavo Petro. Su argumento central: “los riesgos son altísimos”.

Esta decisión genera una contradicción evidente. Si el software que cuenta los votos es un secreto que ni el máximo mandatario puede auditar, ¿cómo se garantiza que realmente sea confiable? En el mundo del software libre, la respuesta es clara: la transparencia del código es la única forma real de verificar que no haya manipulaciones.

La lógica de la opacidad

El argumento de los “riesgos altísimos” es el mismo que usan las big tech cuando justifican sus algoritmos cerrados. Se nos dice que revelar el código permitiría a actores maliciosos encontrar vulnerabilidades. Sin embargo, la historia de la informática demuestra lo contrario: el código cerrado acumula errores que nadie puede detectar hasta que es demasiado tarde.

Cuando un sistema es crítico —como el que decide quién gobierna un país—, la revisión independiente por parte de la comunidad técnica, partidos políticos, universidades y organizaciones de la sociedad civil es indispensable. Ocultarlo solo genera desconfianza.

Lo que dice la experiencia internacional

Países como Alemania, Francia o Brasil han implementado distintos grados de auditoría pública de sus sistemas electorales. En algunos casos se exige que el software sea de código abierto o, al menos, que pueda ser auditado por terceros calificados antes, durante y después de los comicios.

En Colombia, en cambio, seguimos confiando en un software privativo cuyo proveedor (y sus posibles intereses) queda fuera de escrutinio. El registrador argumenta que entregar el código pondría en riesgo la integridad del proceso, pero no explica cómo se audita algo que nadie puede ver.

Software libre como garantía democrática

El software libre no es una moda de programadores idealistas. Es la aplicación práctica del principio de que en una democracia nadie debería tener que confiar ciegamente en una caja negra. Quien controla el software que cuenta los votos, controla —en buena medida— el resultado.

Proyectos como ElectionGuard de Microsoft (aunque con sus limitaciones) o iniciativas completamente libres como Election Simulator 3000 muestran que es técnicamente posible construir sistemas electorales auditables y verificables por cualquier persona con conocimientos técnicos.

El problema no es técnico. Es político. Entregar el código fuente al presidente, a los partidos o a una comisión independiente de expertos no es un riesgo: es un requisito mínimo de legitimidad.

Las fricciones reales de la transparencia

Es cierto que abrir el código no resuelve todos los problemas. Un código abierto mal escrito puede ser igual de vulnerable. Migrar a sistemas abiertos requiere inversión en talento técnico local, capacitación y cambios culturales en instituciones que históricamente han funcionado con lógica de secretismo.

Sin embargo, mantener todo bajo llave solo traslada el riesgo: en lugar de vulnerabilidades técnicas conocidas y parchables, tenemos vulnerabilidades políticas ocultas que nadie puede corregir.

¿Qué se podría hacer de manera concreta?

Una salida razonable sería publicar el código fuente bajo licencia libre (como GPL) con suficiente antelación para que la comunidad técnica colombiana y organismos internacionales lo auditen. Se podrían establecer “fiestas de auditoría” públicas, bug bounties éticos y certificaciones independientes antes de su uso.

También sería saludable separar claramente al proveedor del software del organismo electoral, evitando cualquier apariencia de conflicto de intereses.

Mientras tanto, cada vez que un funcionario dice “no podemos mostrar el código porque es muy peligroso”, estamos escuchando el mismo argumento que se usaba para justificar el software privativo en cualquier otro ámbito: “confía en nosotros”.

En democracia, la confianza no se pide. Se construye con transparencia verificable.